CASO DE LOS 9 OFICIALES DE LA FANB CONDENADOS SIN PRUEBAS

Últimamente son más notarias las irregularidades en el sistema judicial del país, juicios sin culminar y condenas sin pruebas, parecen el pan nuestro de cada día. Tal es la situación de 9 oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), quienes el pasado 5 de mayo de 2015, fueron condenados por su supuesta participación en el movimiento denominado “Operación Jericó”.

Estos oficiales: El General de División  (Aviación) Oswaldo Hernández, el Coronel Ejército (retirado) José Gregorio Delgado Vásquez, Teniente Coronel Aviación Ruperto Chiquinquira Sánchez Casares, Mayores de la Aviación Víctor Ascanio Castillo y  César Orta Santamaría, los Capitanes de la Aviación Andrés Thomson Martínez,  Neri Córdoba, Laired Salazar Zerpa y el Capitán Guardia Nacional (retirado) Juan Carlos Nieto Quintero;  Fueron detenidos entre los meses de abril y mayo del 2014, acusados por los delitos de Instigación a la Rebelión y Contra el Decoro Militar.

Algunos de ellos fueron encarcelados en los sótanos de la sede de Contra Inteligencia Militar (DGDIM) en Caracas por cuatro meses, mientras esperaban la audiencia preliminar.

Durante esa audiencia, el fiscal militar Plasencia Mondragon no pudo presentar pruebas ni elementos suficientes para enviarlos a juicio, únicamente fueron utilizadas las declaraciones de 4 testigos, cuyas afirmaciones presentaban incongruencias y contradicciones. Sin embargo la Jueza Lariza María Theis Ferrer, consideró lo contrario y mando a juicio a estos 9 militares.

Algunos de ellos, fueron enviados al Centro Nacional de Procesados Militares  (CENAPROMIL) en Ramo verde, en donde tuvieron que permanecer 6 meses antes de comparecer ante la corte marcial en Caracas, para su Juicio; otros permanecieron recluidos en las instalaciones de la Policía Militar en Fuerte Tiuna.

El juicio, presidido por el Magistrado Coronel Alfredo Solorzano Arias, comenzó el 25 de febrero del 2015 y duró aproximadamente 2 meses. Estuvo plagado desde el principio, por numerosas irregularidades,  empezando por ser un tribunal “Accidental”, el cual según la legislación Venezolana, solo puede constituirse en tiempos de guerra.

La fiscalía Militar, representada por el Mayor Rubén Madriz, el Capitán Alu Salvador y Jesús García, promovieron un aproximado de 96 pruebas y testigos, entre los cuales, solamente 4, conocidos como los “testigos estrellas”  acusaron a estos oficiales de haber realizado reuniones con el fin de conspirar contra el gobierno nacional. Los demás testigos, no pudieron aportar ningún elemento que pudiese comprobar la culpabilidad de éstos oficiales, puesto que la mayoría ni siquiera sabía de qué se trataba el caso y algunos ni conocían a los militares acusados. Por lo que sus declaraciones se basaban en los procedimientos de captura que se realizaron y demás aspectos técnicos, que en nada aportaban datos de valor, para la acusación que se les realizó a estos oficiales.

El Teniente Coronel César Eduardo Ramos Losada, el Cap. Viloria, primer Teniente Wilfredo Coronel Peña y el Teniente Alexander Guerrero, Conocidos como los 4 testigos principales,  afirmaron haber asistido a unas reuniones de carácter conspirativas, en la ciudad de Maracay; con el fin de planear el conocido movimiento Jericó que pretendía una intentona en contra el ejecutivo Nacional.   Sin embargo, en sus declaraciones  hubo muchas discrepancias, puesto que ninguno coincidió con las descripciones de las residencias donde se realizaron las supuestas reuniones, en la cantidad de personas que habían asistido al lugar, ni en las fechasen las que supuestamente se realizaron. Asimismo, afirmaron que en ningún momento ninguno de estos 9 oficiales acusados, los habían instigado a una rebelión militar.

Según las declaraciones de éstos testigos, la Operación Jericó, tenía como fin bombardear el centro de Caracas y algunas instituciones como la sede del canal Telesur, la Dirección de Inteligencia Militar, el Sebin, el Ministerio de la Defensa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Palacio Blanco, la Fiscalía y el Palacio de Miraflores; con los aviones del grupo de entrenamiento N°14, los “Tucanos”; los cuales para la fecha estaban INOPERATIVOS por presentar fallas en el tren de aterrizaje, según las declaraciones de los mismos testigos que promovió la fiscalía.  Asimismo, las bombas que según se pretendían usar, no se encuentran en la misma base militar de los aviones Tucanos, desde el año 2002, puesto que por medidas de seguridad, están resguardas en otro estado. 

Asimismo, es importante resaltar que uno de los testigos acusadores, al momento del juicio, tenía un expediente abierto por Uso indebido de arma de fuego, homicidio en grado de frustración  y Violencia contra el género. Sin embargo su palabra tuvo más peso que la de estos dignos oficiales, cuya hoja de vida profesional permanece limpia.

Uno de los acusados el Cap. Juan Carlos Nieto Quintero, quién fue desaparecido y torturado por miembros de la Dirección de Contra Inteligencia Militar, en el momento de su detención, fue el invitado ausente durante el juicio; ya que de las 21 audiencias (aproximadamente) su nombre fue mencionado una sola vez; la fiscalía solo pudo promover una prueba en su contra, una llamada telefónica, la cual no sabían quién había recibido en el exterior, incluso el especialista en comunicaciones, que fungió como testigo, afirmó que no podía determinar quiénes eran las personas que hablaban.  

A pesar de la falta de evidencias en su contra, la NO comprobación de los delitos de Instigación a la Rebelión y Contra el decoro militar (que por cierto este jamás fue tocado durante el juicio), considerando además la imposibilidad de que los acusados pudiesen armar aviones (inoperativos para el momento del supuesto hecho), bombardear sin armas ni tropas; fueron condenados por y sentenciados a penas entre 5 y 8 años de cárcel. 

Cabe entonces preguntar ¿Fue un juicio para buscar la verdad o simplemente una orden para sentenciarlos?

La conclusión de este caso, puede indicar que estos oficiales están siendo utilizados, en un intento por controlar o suprimir el descontento que todavía existe en varios niveles y componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales, y sus nombres pueden ser añadidos a la larga lista que conocemos de presos políticos.